jueves, 21 de enero de 2016

Creado el estándar de Internet «Error 451: Página no disponible por razones legales»

El Internet Engineering Task Force (IETF), grupo de trabajo de la Internet Society (ISOC) dedicado a la creación de estándares y políticas en Internet, acaba de lanzar el código de estado HTTP 451 (HTTP status code 451 - Unavailable For Legal Reasons), para indicar que una solicitud de servicio a internet no está disponible por razones legales.
Este código de estado indica que un servidor de Internet está denegando el acceso a un recurso de la web solicitado por un usuario, como consecuencia de una demanda legal, es decir, cuando razones legales afectan al servicio prestado por el servidor.
Según el IETF, este tipo de demandas afectan, típicamente, a las operaciones de los proveedores de servicios de Internet (ISP) y a los motores de búsqueda.

Contenido del mensaje

Estos mensajes deben contener necesariamente una explicación sobre la demanda en cuestión: la parte que la ha interpuesto, la legislación aplicacable y qué tipo de personas o recursos afecta.
Por ejemplo:
HTTP/1.1 451 No disponible por razones legales
Link: rel=”blocked-by” www.judearomanprovince.gob
Content-Type: text/html
Página no disponible por razones legales
Esta página no está accesible en la Provincia Romana de Judea conforme a la Ley Julia Majestatis, que impide el acceso a contenidos alojados en servidores cuya titularidad corresponda al Frente de Liberación de Judea.
Igualmente, cuando una entidad bloquea el acceso a un recurso e informa de su status 451, debe incluir un link tipo HTTP header cuyo valor es una dirección URL que lo identifique, precedido del parámetro cuyo valor sea “Bloqueado por” (“Blocked by”).
El uso del código de estado 451 no implica ni la existencia ni la inexistencia del recurso denominado en la solicitud, es decir, que puede suceder que si la demanda es retirada, la búsqueda siga sin devolver resultados.
IETF advierte de que a pesar de que una página se encuentre en situación 451, puede seguir siendo accesible por medio de recursos como los VPN o la red Tor.

miércoles, 20 de enero de 2016

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA U.E

Cuenta con 350 personas, que representan la vida económica y social, distribuidos en tres grupos: empresarios, trabajadores y representantes de actividades diversa (agricultores, artesanos, industrias, profesiones, consumidores, comunidad científica y pedagógica, economía social, familias, movimientos ecológicos). Estos representantes son elegidos por un periodo renovable de cinco años, y nombrados por el consejo, que adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro.1

COMITÉ DE LAS REGIONES DE LA UE.

El CDR tiene 350 miembros titulares, y el mismo número de suplentes, y el número de miembros de cada país de la UE refleja aproximadamente el tamaño de su población. El número de miembros por país es el siguiente:
EstadoMiembrosEstadoMiembrosEstadoMiembros
Bandera de Alemania Alemania24Bandera de Bélgica Bélgica12Bandera de Irlanda Irlanda9
Bandera del Reino Unido Reino Unido24Bandera de Hungría Hungría12Bandera de Croacia Croacia9
Bandera de Francia Francia24Bandera de Portugal Portugal12Bandera de Lituania Lituania9
Bandera de Italia Italia24Bandera de Suecia Suecia12Bandera de Letonia Letonia7
Bandera de España España21Flag of Bulgaria.svg Bulgaria12Flag of Slovenia.svg Eslovenia7
Bandera de Polonia Polonia21Bandera de Austria Austria12Bandera de Estonia Estonia6
Bandera de Rumania Rumanía15Bandera de Eslovaquia Eslovaquia9Bandera de Chipre Chipre5
Bandera de los Países Bajos Países Bajos12Bandera de Dinamarca Dinamarca9Bandera de Luxemburgo Luxemburgo5
Bandera de Grecia Grecia12Bandera de Finlandia Finlandia9Bandera de Malta Malta5
Bandera de la República Checa República Checa12
TOTAL350

lunes, 18 de enero de 2016

Las drogas más raras y peligrosas del mundo

1. Shabú: Es conocida como "la droga de los pobres" y técnicamente es una metanfetamina en estado puro la cual se consume fundamentalmente en Asia, en ocasiones para afrontar largas jornadas de trabajo.
Según los expertos, provoca alucinaciones y psicosis más potentes que los de la heroína o el LSD, y la Policía filipina atribuye a la conducta agresiva derivada de su consumo muchos de los asesinatos y otros crímenes violentos que cada día se cometen en el país.
2. Krokodilesta droga de elaboración casera forma parte de los opiáceos sintéticos e inclusive puede ser más potente que la heroína. Su nombre, en ruso, proviene de la palabra cocodrilo por los efectos que tiene en la piel. Su efecto destructivo empieza con manchas en la piel, incluso en algunas ocasiones se cae por el uso continúo. A diferencia de la heroína donde el efecto puede durar varias horas, el Krokodil sólo dura entre 90 minutos y dos horas.
La droga, pese a ser conocida desde hace 10 años en Rusia, ha dado ahora el salto a otros países. Ya se han visto casos en EE.UU. y las autoridades temen que se extienda también en Europa Occidental.
Se hace a base de codeína y gasolina, entre otros ingredientes, para luego inyectarse en vena. Al final, su uso provoca la muerte de los tejidos musculares y hace que los vasos sanguíneos exploten, lo que provoca que la piel se vuelva de un color verdoso y una textura áspera.
En Rusia mueren cada año en torno a 30.000 personas por los efectos de esta droga y cerca de un cuarto de millón son adictas.
3. Polvo de ángelLa PCP afecta el funcionamiento cerebral, bloqueando la capacidad de concentración y de pensamiento lógico, y alterando la percepción, los pensamientos y el estado de ánimo.
Su consumo habitual produce trastornos emocionales, pérdida de memoria, dificultad para hablar y pensar, síntomas depresivos y pérdida de peso, que pueden persistir hasta un año después de suspender su uso.
4. Ketamina: Es una sustancia muy peligrosa que puede provocar ansiedad, paranoia, y paros respiratorio y cardíaco, e incluso consumos mínimos pueden producir sobredosis.
Su consumo habitual produce alteraciones en la memoria, en la concentración y deterioro de las habilidades del individuo.
5. Jenken: El jenkem consiste literalmente en inhalar los gases de las heces humanas fermentadas. El procedimiento consistiría en colocar materia fecal y orina dentro de una botella y cubrirla con un globo que se irá inflando con los gases producidos por la fermentación. Pasada algunas horas o días, el gas del globo puede ser inhalado produciendo euforia y alucinaciones al consumidor.
6. Khat: Es una planta con un poderoso efecto narcótico que, al ser mascada, genera un estado de euforia leve seguido de un largo período de estupor. La planta de khat (Catha edulis) es una fanerógama que mide entre 1, 5 y 20 metros, dependiendo de las precipitaciones. Una vez cortada, sus hojas conservan las propiedades narcóticas durante un plazo máximo de dos días.
Sus efectos son estimulantes. Producen en la persona una sensación de alegría, de lieberación, acompañada de extrema locuacidad, risas, y finalmente degenera en un estado de semicoma. Usado de manera permanente, puede desembocar en un caso de delirium tremens. Entre sus otros efectos secundarios se advierte de cáncer oral y gástrico, hemorragia cerebral, hipertensión, degeneración de los genitales, y una adicción similar, por intensidad, a la de la cocaína.
7. EstramonioEl Estramonio o Datura Stramonium es una planta de la familia de las solanáceas, que es utilizada por los seres humanos desde la antigüedad por sus propiedades alucinógenas y medicinales. Aunque es una sustancia que se puede fumar, lo más habitual, entre las personas que la consumen, es tomarla en infusión.
Las oscuras y dulzonas semillas que alberga esa cápsula son la parte más tóxica de la planta. Una cantidad de cinco o seis gramos de semillas u hoja fresca pueden constituir una dosis letal.
Es corriente encontrar en los servicios de urgencias de casi todos los hospitales un medicamento llamado fisostigmina. Es el antídoto por antonomasia del estramonio. Su ingesta elimina con bastante rapidez los síntomas que produce la droga.
8.- Burundanga: La Escopolamina, Burundanga o Hioscina, como mejor se la quiera llamar, actúa como depresor directo de las terminaciones nerviosas y del cerebro en sí. Es barata y sirve de instrumento perfecto para cometer delitos, y al no encontrarse aún incluido en la lista de drogas ilegales, su tráfico no está penado. El tiempo de actuación es excesivamente rápido: tan sólo tarda en hacer efecto en la víctima 3 o 4 minutos.
Los principales puntos de producción son Reino Unido, Paises Bajos y Alemania, desde donde se distribuye al resto de Europa.
9.- Popper: La sustancia se inhala para causar placer y mucha energía, lo que se suele lograr a los pocos minutos de su administración, pero la sensación dura muy poco. Las drogas recreativas o de síntesis son las consumidas en bares, clubes, fiestas y conciertos y su objetivo es cargar de energía al individuo.
l uso del popper es muy común entre jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 24 años que son dados a visitar discotecas y lugares nocturnos.
10.- Ayahuasca: Las consecuencias del uso de la ayahuasca son inmediatas, pero también conlleva secuelas a largo plazo. Además de ansiedad, pánico, euforia y distorsión de la realidad, la planta puede provocar algunos cuadros de esquizofrenia.

domingo, 15 de noviembre de 2015

El Gobierno aprueba el Reglamento del nuevo procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Reglamento que regulará el nuevo procedimiento de adquisición de nacionalidad por residencia.
La nueva norma establece una tramitación de carácter netamente administrativo (no mixto, en parte judicial y en parte administrativo, como era hasta ahora), basada en la gestión electrónica en todas sus fases, lo que permitirá acortar sensiblemente los plazos de resolución.
El procedimiento lo instruye la Dirección General de Registros y del Notariado y la resolución será notificada al interesado en un plazo máximo de un año desde la presentación de la solicitud.

Requisitos y Tasas

Este Reglamento también establece el pago de tasas relativas a la solicitud de nacionalidad pero no incluye el importe de las pruebas objetivas tanto de diplomas de español como lengua extranjera (DELE), como de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes que es el responsable de la implantación de criterios objetivos para ambas  pruebas. La Dirección General de Registros y del Notariado podrá recabar los resultados de estas pruebas a través de una consulta telemática al Instituto Cervantes, lo que exime a los interesados de presentar los certificados correspondientes.
Entre los trámites del procedimiento se mantiene la obtención de los informes que se considere necesario recabar de otras Administraciones Públicas, como los del Ministerio del Interior o del Centro Nacional de Inteligencia.
Los extranjeros que son personal al servicio de las Fuerzas Armadas tendrán unas normas específicas en su adquisición de la condición de españoles, como la supresión del juramento o promesa solemne ante la bandera, de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución que ya han realizado con anterioridad.

Período transitorio

Hasta el 30 de junio de 2017 se establece un periodo transitorio en el que los interesados también podrán presentar su solicitud en el Registro Civil correspondiente a su domicilio, pero a partir de esa fecha y a través de convenios de habilitación que el Ministerio de Justicia firmará con organismos públicos de la Administración General del Estado y otros colegios profesionales y asociaciones, se realizará a través de la correspondiente aplicación electrónica.

Nuevo procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia (Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1 Objeto y competencia
1. El objeto del presente reglamento es regular el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia.
2. Será competente para la instrucción de dicho procedimiento la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Artículo 2 Ámbito subjetivo
El Ministro de Justicia concederá la nacionalidad española por residencia a aquellos extranjeros que, a través del procedimiento regulado en el presente reglamento, acrediten haber residido legalmente en España durante los plazos y con los requisitos establecidos en el Código Civil.
Artículo 3 Naturaleza electrónica del procedimiento
1. La tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónico en todas sus fases, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de este mismo artículo y de la posible presentación de la documentación en cualquiera de las formas legalmente previstas. En todo caso, están obligados a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos quienes, siendo representantes del interesado, ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. En tales casos, y en todos aquellos otros en los que exista representación legal o voluntaria, las notificaciones administrativas se dirigirán a dichos representantes, surtiendo idénticos efectos que si se hubieran realizado al propio interesado.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, las comunicaciones telemáticas con los interesados o sus representantes habrán de ser solicitadas o consentidas de modo expreso. En caso contrario, las notificaciones se realizarán en soporte papel.
3. En caso de que la documentación se presente en soporte papel, el Registro Civil o el organismo administrativo ante el que se presente la documentación, procurarán, siempre que sea posible, y en todo caso cuando sea legalmente preceptivo, la conversión de los documentos a formato electrónico de acuerdo con las Normas Técnicas de Interoperabilidad sobre documento electrónico, de tal manera que el procedimiento pueda desarrollarse íntegramente con este carácter a través de la aplicación informática habilitada al efecto. Cuando no pueda llevarse a cabo dicha conversión a formato electrónico en los términos expresados, será responsable de la misma la Dirección General de los Registros y del Notariado.

CAPÍTULO II

Procedimiento

Sección 1

Iniciación del procedimiento

Artículo 4 Iniciación del procedimiento
1. El procedimiento se iniciará por el interesado mediante la presentación de la correspondiente solicitud en modelo normalizado, bien a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien, si se trata de solicitudes presentadas en fecha igual o anterior al 30 de junio de 2017, mediante presentación de la solicitud ante el Registro Civil correspondiente al domicilio de interesado, sin perjuicio en todo caso de las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas. El modelo normalizado de solicitud se encontrará disponible en la página web del Ministerio de Justicia. Se facilitará al interesado constancia de la fecha y hora del registro de entrada de la solicitud presentada telemáticamente.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se facilitará el acceso a la referida aplicación electrónica poniendo a disposición de quien lo requiera, en las oficinas públicas correspondientes, los medios electrónicos necesarios para ello.
3. Los representantes legales de los menores de edad o de las personas con la capacidad modificada judicialmente, formularán las solicitudes conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Civil, previa acreditación de tal representación y de la autorización a que se refieren los artículos 21.3 y 20.2.a) del Código Civil.
En el caso de menores de catorce años o personas con la capacidad modificada judicialmente, la solicitud de nacionalidad española será formulada por los representantes legales del interesado. Se requerirá para ello autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente previo dictamen del Ministerio Fiscal, especialmente siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
  • a) En los casos de guarda, tutela o acogimiento por persona distinta de los padres y, en general, en todos los casos de representación legal distinta de la patria potestad.
  • b) Cuando la adquisición de la nacionalidad española requiera la renuncia a la de origen.
Artículo 5 Requisitos y documentación
1. La solicitud de nacionalidad española por residencia requerirá la presentación de los siguientes documentos, que se incorporarán a un expediente electrónico a través de la correspondiente aplicación informática:
  • a) Modelo normalizado de solicitud y, en su caso, mandato o poder del representante voluntario. En el caso de presentación de la solicitud a través de profesionales cuya actividad requiera colegiación obligatoria, se acompañará en todo caso documento justificativo de la representación.El modelo de solicitud incluirá las autorizaciones en favor de la Dirección General de los Registros y del Notariado que resulten necesarias para la resolución del procedimiento. No obstante, las autorizaciones de consulta de los datos del interesado relativos al domicilio y de los datos obrantes en el Registro Central de Penados y en la aplicación de extranjería gestionada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y por la Secretaría General de Inmigración y Emigración, podrán sustituirse, respectivamente, por la aportación del Certificado de Empadronamiento, el Certificado del Registro Central de Penados, y la Tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Residencia de familiar de ciudadano de la Unión, o Certificado de Registro de ciudadano de la Unión.
  • b) Certificado de nacimiento del país de origen debidamente legalizado y traducido en su caso, salvo que el interesado acredite su condición de refugiado o apátrida, en los términos que determine el Ministerio de Justicia.
  • c) Pasaporte, salvo que el interesado acredite su condición de refugiado o apátrida, en los términos que determine el Ministerio de Justicia.
  • d) La documentación relativa al grado de integración en la sociedad española, en los términos a que se refiere el artículo 6 del presente reglamento. No obstante, no será necesario aportar la justificación de las pruebas superadas ante el Instituto Cervantes cuando en el modelo de solicitud se autorice expresamente la consulta.
  • e) Justificante del pago de la tasa.
  • f) En su caso, la documentación que acredite cuando proceda, en los términos que determine el Ministerio de Justicia, la concurrencia en el interesado de alguna o varias de las circunstancias siguientes: falta de ejercicio de la facultad de optar a la nacionalidad española; condición de refugiado o apátrida; nacimiento en territorio español; condición de sefardí; matrimonio con español; condición de viudo de español; descendiente de español; o minoría de edad en régimen de tutela, guarda o acogimiento no provisional por ciudadano o institución española.
2. En el caso de que el interesado sea menor de dieciocho años no emancipado o persona con la capacidad modificada judicialmente y sujeta a un régimen de representación legal, deberá aportarse además la siguiente documentación específica:
  • a) Si es menor de catorce años o persona con la capacidad modificada judicialmente y sujeta a un régimen de representación legal, la solicitud deberán firmarla sus representantes legales y habrá de aportarse además la siguiente documentación:
    • 1.ª Autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 4 del presente reglamento. Cuando no proceda dicha autorización deberá acreditarse la representación legal.
    • 2.ª Certificado de centro de formación, residencia, acogida, atención o educación especial que acredite el suficiente grado de integración, obligatorio en el caso de niños en edad escolar. En el caso de menores en edad pre-escolar, la presentación de dicho certificado será voluntaria. En el caso de personas con capacidad modificada judicialmente, se estará a lo dispuesto en el artículo 6.6.
  • b) Si es mayor de catorce años pero menor de dieciocho y no tiene la capacidad judicialmente modificada, la solicitud deberán firmarla tanto el interesado como su representante legal, debiendo aportarse además la siguiente documentación:
    • 1.ª Certificado de centro de formación, residencia o acogida que acredite el suficiente grado de integración.
    • 2.ª Documento identificativo de quien ostente la representación cuando esta concurra en quien tenga la patria potestad. En el caso de representación distinta a la patria potestad, deberá aportarse auto judicial donde se designe la representación legal.
3. En el caso de emancipados o mayores de dieciocho años que no tengan la capacidad judicialmente modificada y sujeta a un régimen de representación legal o que no sean refugiados o apátridas, deberá aportarse, además de la documentación general, certificado de antecedentes penales del país de origen debidamente legalizado y traducido. Si el interesado es nacional de algún Estado de la Unión Europea, dicho certificado se puede sustituir por el Certificado del Registro Central de Penados español donde conste expresamente que se han consultado los antecedentes con el país de origen.
4. Podrán acompañarse, en su caso, cuantos documentos e informes se consideren oportunos. Todos los documentos presentados en formato electrónico que precisen firma del solicitante serán suscritos mediante certificado electrónico reconocido del interesado, de su representante o, en su caso, del correspondiente profesional habilitado. En los casos de presentación telemática de la solicitud, cuando sean obligatorias varias firmas de un mismo documento, una de ellas será electrónica y las demás serán manuscritas y escaneadas en el propio documento.
Artículo 6 Pruebas relativas al grado de integración en la sociedad española
1. Los interesados deberán superar tanto los exámenes para la obtención del diploma de español como lengua extranjera (DELE) como mínimo de nivel A2, como la prueba que acredite el conocimiento de los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España (CCSE), derivados de la configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y del conocimiento y respeto de los principios de conforman la convivencia en la sociedad española.
2. Ambas pruebas serán presenciales, diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes, de acuerdo con el penúltimo párrafo del número 3 de la disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, y con lo establecido en la normativa específica del Instituto Cervantes y en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera.
3. En todo caso, la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España estará formada por un sesenta por ciento de preguntas relativas a conocimientos sobre la Constitución y la organización administrativa y territorial de España y por un cuarenta por ciento de cuestiones sobre la cultura, la historia y la sociedad españolas. Todas las preguntas de esta prueba serán de respuesta cerrada y tendrán el mismo valor dentro del conjunto de la prueba, la cual se llevará a cabo con carácter periódico en los centros de examen reconocidos por el Instituto Cervantes para realizarlas, debiendo estar aprobados y publicados, con carácter previo a las pruebas, los procedimientos y plazos para solicitud de revisión de calificaciones o reclamaciones.
4. En caso de no aportar el interesado al procedimiento los certificados que acrediten la superación de las pruebas ante el Instituto Cervantes, se deberá autorizar, en el formulario de solicitud de nacionalidad, el acceso directo a dicha información obrante en las bases de datos del Instituto Cervantes.
5. Estarán dispensados de la prueba de examen DELE los interesados que hayan obtenido con anterioridad un diploma de español como lengua extranjera (DELE) como mínimo del nivel A2, así como los nacionales de:
  • Argentina.
  • Bolivia.
  • Chile.
  • Colombia.
  • Costa Rica.
  • Cuba.
  • Ecuador.
  • El Salvador.
  • Guatemala.
  • Guinea Ecuatorial.
  • Honduras.
  • México.
  • Nicaragua.
  • Panamá.
  • Paraguay.
  • Perú.
  • Puerto Rico.
  • República Dominicana.
  • Uruguay.
  • Venezuela.
6. A efectos de acreditar el suficiente grado de integración en la sociedad española requerido por el apartado 4 del artículo 22 del Código Civil, los representantes legales de los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente deberán aportar los certificados de centros de formación, residencia, acogida, atención o educación especial en los que, en su caso, haya estado inscrito el interesado. Dichos certificados se aportarán junto con el resto de documentos justificativos, sin perjuicio de que se pueda recabar de oficio la presentación de nuevos documentos o informes oficiales, teniendo en cuenta la edad y circunstancias del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente.
7. De acuerdo con su normativa específica, el Instituto Cervantes ofrecerá actuaciones especiales en la administración de las pruebas DELE y CCSE para las personas con discapacidad, de modo que dispongan de los apoyos y de los ajustes razonables que les permitan concurrir en condiciones de igualdad efectiva.
8. Además de la superación de las pruebas a que se refiere el presente artículo, para que resulte acreditado el suficiente grado de integración en la sociedad española se deberá valorar conjuntamente la documentación indicada en este artículo con los informes señalados en los apartados 1 y 2 del artículo 8 de este Reglamento.
Artículo 7 Convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados
1. El Ministerio de Justicia, de conformidad con las normas generales de derecho administrativo común, podrá suscribir con el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y otros colegios profesionales, asociaciones y colectivos, convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados, que regulen los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la documentación, debidamente indexada y metadatada.
2. Tales convenios deberán especificar los procedimientos y trámites objeto de habilitación, las condiciones y responsabilidades derivadas de los mismos, y las obligaciones aplicables tanto a la persona jurídica o entidad firmante del convenio, como a las personas físicas o jurídicas habilitadas.
3. En todo caso, en los referidos convenios deberá constar expresamente que la intervención de los profesionales habilitados, que suscribirán los documentos aportados con certificado reconocido de firma electrónica, quedará supeditada a la decisión del solicitante, sea este último el interesado o su representante legal, no siendo necesaria por tanto la intervención del profesional para la tramitación del expediente ni actuando dicho profesional por cuenta del órgano competente sino únicamente por cuenta del solicitante, por lo que la función del profesional no será la del encargado del tratamiento sino la de representante y mandatario del solicitante del expediente, conservando la documentación y realizando las actividades reseñadas por cuenta de este y no de la Administración Pública.
4. Asimismo, deberá tenerse en cuenta que, en los casos de presentación de documentos por medio de las aplicaciones telemáticas de los citados colegios profesionales, asociaciones y colectivos, tales colegios, asociaciones y colectivos se limitarán a poner a disposición de la Administración Pública las herramientas electrónicas que posibiliten la realización de la solicitud, sin que en ningún caso puedan constituirse tales asociaciones y sus medios electrónicos en registros administrativos.
5. Mediante orden del Ministro de Justicia se determinarán los requisitos y condiciones para suscribir los convenios a que se refiere este artículo. La referida orden deberá garantizar en todo caso el respeto a los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación en la definición de las condiciones para la habilitación.

Sección 2

Instrucción del procedimiento

Artículo 8 Informes
1. Sin perjuicio de que corresponda al interesado la carga de la prueba de los requisitos para adquirir la nacionalidad, con motivo de la tramitación del expediente se recabarán de oficio de las Administraciones Públicas competentes cuantos informes resulten necesarios y se llevarán a cabo las comprobaciones oportunas por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado. En particular, se solicitará informe, cuando se considere necesario, a la Delegación o Subdelegación del Gobierno que en cada caso corresponda, en los términos que se derivan de la normativa anterior.
2. En cualquier caso, deberá constar el informe preceptivo del Ministerio del Interior, al objeto de comprobar si el solicitante reúne los requisitos exigidos en el artículo 22 del Código Civil. El informe de este Departamento comprenderá el juicio sobre la conducta y situación del extranjero respecto de las obligaciones que impone su entrada y residencia en España.
3. Asimismo, se podrá comprobar el resultado de las pruebas de examen DELE de nivel A2 o superior y de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE). Dicha comprobación podrá realizarse mediante consulta telemática al Instituto Cervantes, en tales casos, el resultado de la comprobación telemática tendrá el mismo valor probatorio que la aportación por los interesados de los certificados correspondientes.
Artículo 9 Especialidades del procedimiento para el personal al servicio de las Fuerzas Armadas
1. Cuando se trate de interesados que formen parte del personal al servicio de las Fuerzas Armadas, deberá constar en la solicitud el Mando o Jefatura de Personal del ejército al que pertenece el interesado, o la Dirección General de Personal en caso de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. Una vez que dicho Mando, Jefatura de Personal o Dirección General tenga conocimiento formal de la solicitud, remitirá telemáticamente al Ministerio de Justicia y en un plazo de quince días, los documentos precisos junto con un informe motivado en que se proponga la concesión o denegación de la nacionalidad española por residencia.
2. En dicho informe se hará constar expresamente la realización del juramento o promesa a que se refiere el artículo 13 del presente reglamento. Los interesados que formen parte del personal al servicio de las Fuerzas Armadas deberán acreditar igualmente sus conocimientos socioculturales de España, equivalentes a lo dispuesto en el artículo 6 del presente reglamento, mediante certificado expedido por el Ministerio de Defensa.
3. Las solicitudes de los militares profesionales de tropa y marinería, que estén pendientes de suscribir el compromiso de larga duración, tendrán en los distintos trámites administrativos un impulso preferente y urgente. Esta circunstancia se hará constar en el expediente.
Artículo 10 Subsanación y mejora de la solicitud
1. Si la solicitud o documentos presentados no reúnen los requisitos necesarios para la obtención de la nacionalidad española por residencia, se requerirá al interesado o su representante o, en su caso, se comunicará telemáticamente al presentante o al Mando o Jefatura de Personal del Ejército o Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa a la que el interesado pertenezca, al objeto de su notificación al mismo, para que subsane la falta o acompañe, telemática o físicamente, para su cotejo los documentos que procedan. En caso de que la subsanación o complemento se aporte físicamente se realizarán las oportunas actuaciones para su inclusión en formato electrónico al expediente, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 3 del presente reglamento.
2. En dicha notificación, se indicará que, en caso de que no se produzca la subsanación por el interesado en el plazo de tres meses desde que se le notificó el requerimiento, se le tendrá por desistido en su petición, lo que se acordará mediante la correspondiente resolución.

Sección 3

Finalización del procedimiento

Artículo 11 Propuesta y resolución
1. La Dirección General de los Registros y del Notariado, a la vista del expediente, elaborará la correspondiente propuesta de resolución de concesión o denegación de la solicitud de nacionalidad para su elevación al Ministro de Justicia.
2. El Ministro de Justicia resolverá a la vista de la mencionada propuesta y, en los supuestos de personal al servicio de las Fuerzas Armadas, del informe regulado en el artículo 9 del presente reglamento. En todo caso, se entenderá suficientemente motivada la resolución del expediente basada en el informe del Centro Nacional de Inteligencia.
3. El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde de que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados.
4. Las resoluciones, incluidas las comprendidas en el apartado 2 del artículo 10, se comunicarán al interesado o su representante, preferentemente mediante notificación en sede electrónica o cualquier otra modalidad de notificación telemática fehaciente o, en su caso, se comunicarán telemáticamente al Mando o Jefatura de Personal del Ejército o Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa a la que el interesado pertenezca, al objeto de su notificación al mismo.
La notificación se realizará con expresión, en su caso, de los recursos que sean procedentes, plazo y órgano para su interposición, así como de las condiciones a que se refiere el artículo siguiente, incluida la circunstancia de que la resolución quedará condicionada a que el interesado no incumpla el requisito de buena conducta cívica hasta el momento de la inscripción, advirtiendo de que, en caso de incumplimiento de este requisito, la resolución perderá su eficacia.
Artículo 12 Eficacia de la resolución
1. La eficacia de la resolución de concesión quedará supeditada a que, en el plazo de ciento ochenta días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución al interesado o a su representante, se realicen ante el Encargado del Registro Civil las manifestaciones a que se refiere el artículo 23 del Código Civil, relativas al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes, la renuncia a la nacionalidad anterior, cuando proceda, y la solicitud de las inscripciones correspondientes en el Registro Civil, sin que hasta ese momento haya cometido el interesado actos incompatibles con el requisito de la buena conducta cívica.
A tal efecto, la Dirección General de los Registros y del Notariado deberá remitir al Registro Civil toda evidencia de la que tenga conocimiento acerca del incumplimiento del requisito de buena conducta cívica posterior a la resolución de concesión de la nacionalidad, evidencia que, una vez concedido plazo de alegaciones al interesado y declarada por el órgano decisor competente la ineficacia del acto de concesión fundada en razones de orden público, y en la que constarán expresamente los hechos en los que se basa la denegación, impedirá la inscripción registral de la nacionalidad.
2. Cuando no conste que se haya acreditado anteriormente la autenticidad de los documentos aportados por el interesado al expediente electrónico, el Encargado del Registro Civil los cotejará con sus respectivos originales, que deberá exhibir el interesado antes de que el Encargado proceda a la inscripción registral.
Artículo 13 Juramento o promesa
1. En el plazo de cinco días desde las manifestaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 12 de este reglamento, el Encargado del Registro Civil competente por razón del domicilio del interesado en España procederá a la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española, poniéndose con ello fin al procedimiento.
2. Queda excluido de la obligación de prestar nuevo juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, el personal al servicio de las Fuerzas Armadas que lo haya acreditado en los términos del artículo 9 de este reglamento.

Sección 4

Recursos


Artículo 14 Recurso de reposición
1. En caso de denegación de la solicitud de nacionalidad, podrá interponerse recurso de reposición en los términos y plazos previstos en las normas generales de procedimiento administrativo común.
En los supuestos de personal al servicio de las Fuerzas Armadas, desde el Ministerio de Justicia se solicitará, a la mayor brevedad y por vía telemática, informe al órgano del Ministerio de Defensa que hubiera instruido el expediente, el cual lo remitirá por la misma vía en el plazo de cinco días.
2. A la vista del expediente y del informe establecido en el apartado anterior, se dictará la resolución que proceda en relación con el recurso de reposición interpuesto.

miércoles, 11 de noviembre de 2015

DELITOS PÚBLICOS, SEMIPÚBLICOS Y PRIVADOS.

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, LOS TIPOS DELICTIVOS SE CLASIFICAN EN PÚBLICOS, SEMIPÚBLICOS Y PRIVADOS.

DELITOS PÚBLICOS. SON AQUELLOS, QUE HAN DE SER DENUNCIADOS POR CUALQUIER PERSONA QUE HAYA TENIDO NOTICIA DE SU PERPETRACIÓN. TANTO ES ASÍ, QUE EL QUE NO LO HICIERE HABIENDO TENIDO CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTIVO,  CONLLEVARÁ LA CORRESPONDIENTE SANCIÓN. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, EN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

Art. 259: El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas.
 
Art. 260. La obligación establecida en el artículo anterior no comprende a los impúberes ni a los que no gozaren del pleno uso de su razón.
 
Art. 261.Tampoco estarán obligados a denunciar:
 
1.º El cónyuge del delincuente.
 
2.º Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delincuente y sus colaterales consanguíneos o uterinos y afines hasta el segundo grado inclusive.
 
3.º Los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y respecto del padre cuando estuvieren reconocidos, así como la madre y el padre en iguales casos.
 

DELITOS SEMIPÚBLICOS. PARA PROCEDER POR LOS DELITOS O FALTAS RELACIONADOS A CONTINUACIÓN, SE NECESITA LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA POR EL AGRAVIADO, SU REPRESENTANTE LEGAL O POR EL MINISTERIO FISCAL. CONFORME A LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL:

 
Art. 161.1. Quien practicare reproducción asistida en una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.
 
2. Para proceder por este delito será precisa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz, o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
 
Art. 191.1. Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.
 
2. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase.
 
Art. 197. Descubrimiento y revelación de secretos
 
Art. 215.1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.
 
Art. 226.1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.
 
Art. 227.1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.
 
Art. 267. Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos.
 
Las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal también podrá denunciar cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida.
 
En estos casos, el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130 de este Código.
 
Arts. 270. Delitos relativos a la propiedad intelectual
 
 Art. 273. Delitos relativos a la propiedad industrial
 
 Art. 278. Delitos contra el mercado y a los consumidores
 
Art. 290. Delitos societarios
 
Artículo 296.1. Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
 
2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
 
Artículo 620. Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días:
 
1.º Los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea constitutivo de delito.
 
2.º Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito.
 
Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
 
En los supuestos del número 2.º de este artículo, cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de localización permanente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, excepto para la persecución de las injurias.
 
Artículo 621.1. Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en el apartado 2 del artículo 147, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.
 
2. Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses.
 
3. Los que por imprudencia leve causaran lesión constitutiva de delito serán castigados con pena de multa de 10 a 30 días.
 
4. Si el hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse además la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres meses a un año.
 
5. Si el hecho se cometiera con arma podrá imponerse, además, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de tres meses a un año.
 
6. Las infracciones penadas en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
 
DELITOS PRIVADOS. Este tipo de delitos, sólo podrán ser perseguidos a instancia del perjudicado por el delito, mediante querella instada por sí, o a medio de su representante legal. Como ejemplo el tipo antijurídico de la“Calumnia e injuria” (Art. 215)
 
Artículo 215
1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Bastará la denuncia cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.
2. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria, vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociere o hubiere conocido.
3. El culpable de calumnia o injuria quedará exento de responsabilidad criminal mediante el perdón de la persona ofendida por el delito o de su representante legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 4. º del artículo 130 de este Código.