domingo, 18 de enero de 2015

Programa Mainstreaming de Género. TEMA 12.

Una de las áreas en las que el Instituto de la Mujer desarrolla su labor es en la promoción de la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todos los niveles de la administración pública. En este sentido, y dando cumplimiento a la Ley de Igualdad, el Instituto ejecuta el “Programa de mainstreaming de género” que tiene como objetivo principal incorporar la transversalidad de género en los diferentes ámbitos de intervención de las políticas públicas, en particular, a través del asesoramiento a los centros directivos de la Administración General del Estado, la Autoridad de Gestión del Fondo Social Europeo, y a otro tipo de organismos, como por ejemplo redes transnacionales y Comunidades Autónomas. Este programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Según el Consejo de Europa de 1998 la transversalidad de género, también conocida por su denominación en inglés “mainstreaming de género” es: “la (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar, por parte de los actores involucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y fases de todas las políticas”.
La transversalidad de género es una estrategia eficaz para el avance en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas y supone contribuir a eliminar desigualdades de género, corregir procedimientos y métodos de trabajo e impulsar tendencias de cambio social. No se trata de una aplicación esporádica de medidas puntuales sino de la aplicación de políticas transversales de género que supongan un cambio estructural y social.
Aunque la estrategia de la transversalidad se recoge en diferentes normas, nacionales e internacionales, la referencia fundamental en el ámbito nacional es, sin duda, la L.O.3/2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, que en su artículo 15 establece: “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”.
En este sentido, el “Programa de mainstreaming de género” plantea una serie de actuaciones articuladas entorno a una serie de objetivos específicos que buscan:
  • Apoyar a la Administración General del Estado en la integración de la perspectiva de género en las políticas que desarrolle.
  • Apoyar al Fondo Social Europeo en la incorporación, seguimiento y evaluación de la transversalidad de género en las actuaciones que lleva a cabo en las diferentes Comunidades Autónomas.
  • Incorporar la igualdad de oportunidades en los proyectos y actuaciones de carácter transnacional.
  • Asesorar y apoyar a la Red Europea de Mainstreaming de Género.
  • Fortalecer el movimiento asociativo de mujeres e impulsar su participación en el desarrollo de la política pública de igualdad.

Contaminación difusa

Río Muddy contaminado con sedimentos. Foto de cortesía del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
 
La contaminación por una fuente no puntual se refiere a la contaminación del aire y el agua desde una fuente de contaminación difusa. Una fuente no puntual de contaminación hídrica afecta los cuerpos de agua desde fuentes como escorrentías de áreas agrícolas que drenan hacia los ríos, o deshechos lavados por el viento hacia el mar. Fuentes de contaminación del aire no puntuales afectan la calidad del aire desde fuentes de contaminación tales como chimeneas o caños de escape de vehículos. Si bien todos estos contaminantes se han originado en una fuente puntual, la capacidad de transporte a gran escala y las múltiples fuentes de contaminación la transforman en una fuente de contaminación no puntual. La contaminación por parte de una fuente no puntual puede ser contrastada con contaminación de una fuente puntual, en la cual ocurren vertidos hacia cuerpos de agua o a la atmósfera en una única ubicación.
La contaminación por parte de una fuente no puntual puede ser producto del aporte de numerosas fuentes diferentes y sin una solución específica para solucionar el problema, haciéndola difícil de regular. Este tipo de contaminación es actualmente la principal causa de contaminación del agua en los Estados Unidos, siendo su principal causa los escurrimientos contaminados procedentes de la agricultura.1 2
Otra significativa fuente de escurrimiento incluye la ingeniería de ríos y modificación del habitat, y silvicultura (forestal).3 4
Las aguas fluviales contaminadas por el lavado de playas de estacionamiento, carreteras y autopistas y césped (a veces conteniendo fertilizantes y plaguicidas) que luego drenan en escorrentías urbanas, son considerados una forma de fuente de contaminación no puntual. Hay quienes consideran a estos aportes como fuentes puntuales porque muchas veces entran en los sistemas de escurrimiento municipales y es descargada en cañerías cerca de agua de superficie. Sin embargo, no todas las escorrentías fluyen a los sistemas de drenajes antes de entrar a los cuerpos de agua. Algunos pueden desembocar directamente en los espejos de agua, especialmente en regiones en desarrollo y suburbanas. También, a diferencia de otros tipos de fuentes puntuales, tales como las descargas industriales, la contaminación en escorrentías urbanas no pueden ser atribuidas a una sola actividad o incluso a un grupo de actividades. Por lo tanto, porque no es causado por una actividad fácil de identificar y regular, las fuentes de contaminación de escorrentías son también tratadas como una verdadera fuente no puntual y las municipalidades trabajan para regularla, prevenirla y proteger contra ella.

NIVELES DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Estos niveles se revisan de forma periódica, a las 72 horas (en el caso del nivel extremo), 7 días (alto), 30 días (medio) y 60 días (bajo), y también cuando lo disponga la autoridad judicial o fiscal, o existan nuevas circunstancias que afecten a la víctima o al agresor.

sábado, 17 de enero de 2015

TIPOS DE TRANSICIÓN. POLICÍA NACIONAL.



·         La transición incipiente: con alta natalidad y mortalidad y con un crecimiento natural moderado, del orden de 2.5%, tienen una estructura por edades muy joven y una alta relación de dependencia.
·         La transición moderada: alta natalidad pero cuya mortalidad es moderada. Por este motivo su crecimiento natural es todavía elevado, cercano al 3%. En esta etapa se ubica, por ejemplo,Guatemala, donde el descenso de la mortalidad, sobre todo durante el primer año de vida, se ha traducido en un rejuvenecimiento de la estructura por edades, lo que también lleva a una elevada relación de dependencia.
·         La plena transición: con natalidad moderada y mortalidad moderada o baja, lo que determina un crecimiento natural moderado cercano al 2%. Aquí el descenso de la fecundidad es reciente y la estructura por edades se mantiene todavía relativamente joven, aún cuando ya ha disminuido la relación de dependencia.
·         La transición avanzada: con natalidad y mortalidad moderada o baja, lo que se traduce en un crecimiento natural bajo, del orden del 1%.

domingo, 11 de enero de 2015

¿QUÈ ES EL ACERVO SCHENGEN?

Schengen LA SUMA DEL (Acuerdo y Convenio)

El Acuerdo de Schengen, firmado el 14 de junio de 1985 entre Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, tiene por objeto eliminar progresivamente los controles en las fronteras comunes y establecer un régimen de libre circulación para todos los nacionales de los Estados signatarios, de los otros Estados de la Comunidad o de terceros países.
El Convenio de Schengen completa el Acuerdo y define las condiciones y las garantías de aplicación de esta libre circulación. Este Convenio, firmado el 19 de junio de 1990 por los mismos Estados miembros, no entró en vigor hasta 1995.
El Acuerdo y el Convenio, así como las normas y acuerdos conexos conforman el «acervo de Schengen». Desde 1999, el acervo de Schengen está integrado en el marco institucional y jurídico de la Unión Europea en virtud de un protocolo anexo a los Tratados.
Los acuerdos de Schengen se han ido ampliando a lo largo del tiempo: Italia los firmó en 1990, España y Portugal, en 1991, Grecia, en 1992, Austria lo hizo en 1995, Finlandia y Suecia en 1996, Dinamarca también en 1996, aunque con disposiciones especiales, y la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia en 2007. Irlanda y el Reino Unido participan sólo en parte en el acervo de Schengen ya que, por ejemplo, mantienen los controles en sus fronteras.
Bulgaria, Chipre y Rumanía también aplican únicamente partes del acervo de Schengen, ya que para que se puedan eliminar los controles en las fronteras de esos países sigue siendo necesaria una decisión del Consejo de la Unión Europea.
Cuatro países forman terceros asimismo parte del espacio Schengen, aunque su participación en la toma de decisiones es limitada: Islandia y Noruega desde 1996 y Suiza y Liechtenstein desde 2008.
Los Estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea deben aceptar íntegramente el acervo de Schengen antes de su adhesión.

Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016

Con fecha 26 de julio de 2013 ha sido aprobada mediante acuerdo del Consejo de Ministros la "Estrategia Nacional para la erradicación de la Violencia contra la Mujer" para el periodo 2013-2016. 
Esta Estrategia se configura como un instrumento vertebrador de la actuación de los poderes públicos para acabar con la violencia que sufren las mujeres. Consiste esencialmente en la puesta en marcha, de forma coordinada de medios materiales y humanos para la consecución de un fin, la eliminación de la violencia que sufren las mujeres.
La última estadística difundida por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género refleja que el número de denuncias de violencia de género ha descendido en el 2013.
Según los últimos datos, el pasado año hubo una media de 367 denuncias diarias (¡demasiadas!), lo que representa un descenso del 2,3% respecto del tercer trimestre del 2012.
Lo cierto es que el hecho de que desciendan las denuncias no significa que descienda la violencia. Ya lo dicen algunos, con la crisis se denuncia menos y, a veces, se pega más.
La dependencia económica que tienen estas mujeres, en su mayoría con hijos, hace que el contexto no sea el más fácil para denunciar, primero por la incertidumbre que tienen sobre su futuro y el de sus hijos, y segundo por el recorte en las ayudas que se recibían hasta ahora.
Esta gran lacra social es la que da contenido y razón de ser a la llamada “Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016”, principal instrumento vertebrador de la actuación de los poderes públicos para acabar con la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL CONTENIDO DE ESTA ESTRATEGIA:
Valores inspiradores:
  • Respeto a la dignidad humana: cuando los derechos se han perdido o están siendo amenazados.
  • Igualdad y no discriminación: la violencia contra la mujer es la máxima expresión de discriminación por razón de sexo.
  • Buen Trato: rechazo absoluto desde la infancia a cualquier forma de violencia contra la mujer.
Principios estratégicos de actuación:
  • Integralidad: corregir factores de riesgo.
  • Multidisciplinariedad: la violencia contra la mujer es un problema complejo y multidimensional.
  • Globalidad: integrar la erradicación de la violencia dentro de la casi totalidad de los departamentos ministeriales y Administraciones Públicas.
  • Eficacia y eficiencia: impulsar sinergias y coordinar recursos.
  • Mejora continua: propuesta de cambios, ajustes y adaptaciones.
  • Participación: de la sociedad profesional, profesionales y movimiento asociativo.
Principios de intervención:
  • Orientación a mujeres que sufren violencia y sus hijos e hijas: actuación personalizada.
  • Autonomía: fomentar la independencia y la responsabilidad personal.
  • Orientación a profesionales: respuesta profesional especializada y comprometida.
  • Orientación ciudadana: implicación de la sociedad en su conjunto.
  • Proactividad: participación activa comprometida y responsable de todos.
  • Trabajo en Red: mediante instrumentos de información recíproca.
 PROBLEMAS DETECTADOS:
  • Aumento de las mujeres que declaran haber sufrido maltrato alguna vez en la vida por sus parejas o exparejas.
  • Aumento del riesgo de sufrir violencia de género cuando menor es el grado de autonomía de la mujer.
  • La violencia de género deteriora la salud de las mujeres.
  • Una de cada seis mujeres no sabría dónde dirigirse para poner una denuncia.
  • Un alto porcentaje de víctimas mortales de violencia de género no habían denunciado la situación de maltrato que sufrían.
  • Las mujeres víctimas de violencia de género nunca encuentran apoyo de las familias de su pareja cuando presentan la denuncia, e incluso en casi la mitad de los casos son recriminadas por ello.
  • Alto porcentaje de mujeres que presentaron la denuncia y posteriormente la retiraron.
  • La sensibilidad social frente a la violencia de género es baja.
  • Más del 70% de las mujeres que refieren estar sufriendo o han sufrido violencia de género, tienen hijos e hijas menores que viven expuestos a esta situación.
  • El 61,7% de las mujeres que estaban sufriendo maltrato afirman que sus hijos también lo han padecido directamente en alguna ocasión.
  • Una de las características de los menores víctimas de violencia de género es su invisibilización.
  • En los menores, la exposición a la violencia y el padecimiento directo del maltrato pueden considerarse equivalentes.
  • La violencia de género pude dar lugar en el futuro a secuelas emocionales en los menores.
  • Más de la quinta parte de los adolescentes justifica en cierta medida la violencia como reacción a una agresión.
  • Una de cada diez mujeres universitarias reconoce que se ha sentido obligada a conductas de tipo sexual en la que no quería participar.
  • Las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género con mucha mayor frecuencia.
  • Las mujeres mayores de 65 años y víctimas de violencia de género son las que menos denuncian.
  • Las razones más frecuentemente aducidas para no denunciar son: el no conceder demasiada importancia al maltrato recibido; el miedo al maltratador y la dependencia económica.
  • Las mujeres maltratadas tienen varios miedos: al maltratador, a perder a sus hijos, al proceso judicial, a no ser creídas, a no encontrar empleo y “a complicar más las cosas”.
  • Las razones para retirar la denuncia son diversas: intento de rescatar el proyecto de vida familiar con el maltratador; porque seguía queriendo a su maltratador; por ser el padre de sus hijos o porque el maltratador le prometió que cambiaría.
 RESPUESTA INSTITUCIONAL:
  • Cerca de 100.000 mujeres cuentan con atención policial activa (figuran en el Sistema VdG) con valor policial de riesgo.
  • El número de internos que cumplen condena en centros penitenciarios por delitos por violencia de género se ha incrementado desde el año 2009: 6.120 son los internos por delitos de violencia de género y con delitos de otra naturaleza; 2.435 son los internos por violencia de género como única causa y 202 los que tenían como delito principal el de homicidio o asesinato.
  • El 61,5% de las órdenes de protección resueltas se conceden.
  • Progresivo incremento en el número de dispositivos electrónicos desde el 2009 (Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas de prohibición de aproximación en el ámbito de la Violencia de Género. En 3 años se han instalado 1.772 dispositivos.
  • Servicio telefónico 016: en cinco años ha recibido 1.580.614 llamadas (unas 8 cada hora), el lunes es el día que más llamadas se reciben.
  • Servicio ATENPRO (Servicio de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género): este servicio de teleasistencia móvil se ha utilizado por 44.776 mujeres en tres años.
  • Ayuda social: han sido 1.563 las mujeres víctimas de violencia de género que han recibido esta ayuda desde el año 2006.
  • Contratos bonificados: 3.687 mujeres se han beneficiado de estos contratos.
  • Contratos de sustitución: se han suscrito 1.015 contratos de sustitución de mujeres víctimas de violencia de género.
  • Renta Activa de Inserción: 30.716 mujeres han percibido esta ayuda.
  • Cambio de residencia: 12.628 mujeres han sido perceptoras de ayudas para cambio de residencia.
El “Estudio sobre la inhibición a denunciar de las víctimas de violencia de género” nos recuerda que el maltrato, además de finalizar con la denuncia también lo hace con:
  • el fortalecimiento de la mujer a través de la ayuda psicológica,
  • la separación del agresor,
  • la formación y el empleo.

Consúltala.
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/EstrategiaNacional/pdf/EstrategiaNacionalCastellano.pdf

ART 23 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.

Artículo 23.  (Versión vigente tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2014)
1. En el orden penal corresponderá la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte.
2. (*) También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:
a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles.
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado.
b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.
c) Rebelión y sedición.
d) Falsificación de la Firma o Estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.
e) Falsificación de moneda española y su expedición.
f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.
g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.
4. (*) Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:
a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal, cuando:
1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando:
1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.

e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:
1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;
3.º el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España;
4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos;
5.º el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española;
6.º el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España;
7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o,
8.º el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados.

A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles.
f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que:
1.º el delito haya sido cometido por un ciudadano español; o,
2.º el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español.
g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo.

h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español.

i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que:
1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
2.º cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español.
j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión.

k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que:
1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,
4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España.
l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que:
1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; o,
3.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
m) Trata de seres humanos, siempre que:
1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,
4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que:
1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
3.º el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España; o,
4.º el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España.
o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública, cuando:
1.º el procedimiento se dirija contra un español;
2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;
3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España;
4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos; o,
5.º el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos.
p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.

Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.
5. (*) Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte.

b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, siempre que:
1.º la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio español; o,
2.º se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a disposición de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradición no fuera autorizada.
Lo dispuesto en este apartado b) no será de aplicación cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, y así se valore por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada el Juez o Tribunal.

A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, se examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal.
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.
A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.
6. (*) Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.