jueves, 15 de septiembre de 2016

Criterios de Fiscalía sobre la pena a solicitar en los casos de quebrantamiento de la pena de localización permanente

En los casos de quebrantamiento de la pena de localización permanente en lugar distinto de un Centro Penitenciario, los fiscales deberán  solicitar la pena correspondiente a lo dispuesto en el último inciso del art. 468.1 del Código Penal  (pena de multa de doce a veinticuatro meses).
Así lo ha establecido la Consulta 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios que deberán seguir los fiscales en su petición de pena en los casos de quebrantamiento de una pena de localización permanente.
La Fiscalía se basa en que en estos supuestos, aun tratándose de una pena privativa de libertad, el régimen de cumplimiento no supone una efectiva situación de privación de libertad.

Instrucción 3/1999

A estos efectos la Fiscalía considera que “debe considerarse vigente” la Instrucción 3/1999, sobre  el alcance del art. 468 CP en ciertos casos de quebrantamiento de una pena privativa de libertad.
Esta Instrucción 3/1999 se plantea cuál haya de ser el tratamiento típico adecuado a aquellas conductas consistentes en el quebrantamiento de una condena a pena privativa de libertad que por razón de algunas de las modalidades de cumplimiento, se lleva a cabo en régimen extracarcelario. En concreto alude a tres supuestos: al penado que no se incorpora al establecimiento penitenciario después de disfrutar un permiso de fin de semana, al que es sometido a una pena de arresto domiciliario y, en general, a todos aquellos otros casos en los que la ejecución de la pena privativa de libertad, en el momento del quebranto, no implica la efectiva situación de privación de libertad.
Y según la misma, los Fiscales deben acomodar sus calificaciones al último inciso del art. 468 CP (actual último inciso del art. 468.1) en todos aquellos casos en que, aun tratándose de una pena privativa de libertad, el régimen de cumplimiento no lleve consigo una efectiva situación de privación de libertad.
En este sentido la Fiscalía considera que pese a las sucesivas transformaciones que ha sufrido el Código Penal, que han eliminado del mismo la pena de arresto de fin de semana, sustituida por la pena de localización permanente, “permanecen incólumes las razones contenidas en la referida Instrucción.”
Por ello “Se mantienen las razones que llevaron a declarar que no todo quebrantamiento de penas privativas de libertad debe hacer surgir la modalidad agravada.
No se aprecian en la regulación de la localización permanente rasgos que difieran de la idea de que el legislador ha reservado la mayor gravedad de la respuesta penal a aquellos casos en que la privación de libertad es efectiva, de suerte que el quebrantamiento de aquélla exija del autor eludir las medidas de contención que delimitan el espacio físico en que aquella restricción de libertad se hace realidad, de la consideración de que más que una genuina pérdida o privación de la libertad, el condenado se ve afectado por una restricción limitativa de su capacidad ambulatoria, cuyo quebrantamiento, sin embargo, no le obliga a una conducta que encierre mayor lesividad para el bien jurídico protegido o que conlleve un plus de antijuridicidad.”
Por ello, “sigue siendo lógico entender que en aquellos casos en que el autor no despliega ninguna acción orientada a superar las barreras que buscan asegurar la ejecución de la pena, la respuesta penal atenúe su alcance y se acomode a la verdadera gravedad que le es propia (Instrucción 3/1999). “
Solución que, por lo demás, es más respetuosa con el principio de proporcionalidad. Desde esta perspectiva se ha defendido “castigar con pena de multa los supuestos en los que quien quebranta lo hace no acudiendo a su domicilio cuando tenía que comenzar el cumplimiento, pues en tal caso, claramente, el ejecutoriado incumple cuando no se encuentra de facto privado de libertad.”
Compartiendo esta afirmación, y atendida la naturaleza y características de ejecución de la pena de localización permanente, no se justifica un tratamiento distinto al penado que no ha iniciado el cumplimiento de la pena de aquél que, habiendo acudido al domicilio o lugar de cumplimiento se ausenta del mismo una vez iniciado el cumplimiento.
Por lo demás, la propia redacción del tipo en su modalidad agravada no se refiere a los penados que estuvieran cumpliendo pena privativa de libertad sino de los que estuvieren “privados de libertad”.

La pena de localización permanente

La pena de localización permanente impone al condenado la obligación de permanecer en un determinado lugar sin poder abandonarlo, por lo que el penado ve restringida su libertad y pierde la capacidad de situarse espacialmente donde desee.
En consecuencia, la localización permanente es “sin duda” una pena privativa de libertad, pues así lo dispone el art. 35 CP, al calificar como tales la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
Esta pena es fruto de la reforma llevada a cabo en el Código Penal por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que la incorpora a su art. 37, antes dedicado al arresto de fin de semana, que desapareció con esta reforma y al que viene a sustituir.
Esta pena se configura, siguiendo las pautas de la Circular 2/2004, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, como una pena privativa de libertad autónoma, leve y generalmente alternativa, que obliga al penado a permanecer en su domicilio o lugar determinado fijado por el Juez en sentencia.
Este lugar deberá ser en todo caso cerrado y de características análogas al domicilio, disponiendo de unos mínimos de habitabilidad e higiene, no pudiendo, como regla general, cumplirse en un Centro Penitenciario o en un depósito municipal.
El cumplimiento de la pena no podrá restringir las posibilidades del ejecutoriado de disponer libremente de su tiempo, comunicarse con otras personas o recibir visitas.
Para la Circular 2/2004 pese a su equívoca nomenclatura, esta pena no puede articularse como un control continuado mediante medios tecnológicos que permita simultáneamente al penado la libertad de desplazamiento espacial.
Por otra parte, como quiera que la localización permanente no implica ingreso en prisión, no genera el inicio de la relación jurídica penitenciaria y con ello, de la relación de sujeción especial que la misma implica.
El proceso expansivo de la pena de localización permanente ha sufrido una clara contracción en la reforma operada por LO 1/2015, de 30 de marzo.
La nueva regulación suprime la sustitución ordinaria como forma de ejecución de las penas privativas de libertad, al derogar el art. 88 CP, lo que ha supuesto recortar notablemente la aplicabilidad de la localización permanente, pena que a diferencia de la de trabajos en beneficio de la comunidad, no se ha integrado en el marco de la suspensión diseñado por la reforma.

Tras la reforma, la aplicación de esta pena queda limitada a determinados delitos leves, como modalidad de responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa impuesta por delito leve (art. 53.1 CP) y como sustitutiva de la prisión inferior a tres meses (art. 71.2 CP).

martes, 13 de septiembre de 2016

Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, regulaba el procedimiento para la extensión en el Libro de Visitas de las diligencias realizadas por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el mandato previsto en el artículo 14.3 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Posteriormente, la Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reguló con carácter general el empleo de los referidos medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la solicitud, administración y utilización del Libro de Visitas.
Con la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se introdujo una variación en el procedimiento de gestión del Libro de Visitas de la Inspección, eliminándose la obligación de que las empresas tuvieran, en cada centro de trabajo, un libro de visitas a disposición de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sustituyéndose por el Libro de Visitas electrónico que se pondría a disposición de las empresas. No obstante, el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 10 de julio de 2015, por el que se aprueban medidas para la reducción de cargas administrativas, incluye, entre sus propuestas, la supresión de la obligatoriedad del libro de visitas electrónico, para 2017.
Por otra parte, el artículo 21.6 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dispone que los funcionarios actuantes extenderán diligencia por escrito de cada actuación que realicen con ocasión de las visitas a los centros de trabajo o de las comprobaciones efectuadas mediante comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas.
De acuerdo con lo anterior, se habilita al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a regular, mediante orden ministerial, los hechos y actos que deban incorporarse a las diligencias, su formato y su remisión a los sujetos inspeccionados, teniendo en cuenta que, en lo posible, se utilizarán medios electrónicos y que no se impondrán obligaciones a los interesados para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de dichas diligencias.
El apartado 2 del artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, al regular el ejercicio de labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales establece que determinados funcionarios públicos, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas con habilitación específica, pueden desarrollar funciones comprobatorias de seguridad y salud en las empresas con el alcance señalado en el apartado 3 del mismo artículo y con la capacidad de requerimiento a que se refiere el artículo 43 de la misma Ley.
Dado que dichos requerimientos de subsanación, de acuerdo con el artículo 68 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y modificado en este punto por el Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, podrían reflejarse mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, procede habilitar a dichos funcionarios para que puedan extender sus diligencias de comprobación en el modelo de diligencia previsto en esta orden.
La presente norma ha sido sometida a consulta de los órganos correspondientes de las comunidades autónomas.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo:
Artículo 1 Diligencias de actuación
1. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores Laborales, con ocasión de cada visita a los centros de trabajo o comprobación por comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas que realicen, extenderán diligencia sobre tal actuación, con sujeción a las reglas previstas en esta orden ministerial.
2. Se extenderá una diligencia por cada visita o comprobación, reflejando las materias o aspectos examinados y demás incidencias concurrentes.
Artículo 2 Contenido de la diligencia
1. Con carácter general, en cada diligencia se hará constar:
  • a) Lugar y fecha de expedición de la diligencia, determinando si dicha diligencia se ha practicado con ocasión de visita o comprobación por comparecencia.
  • b) Identificación del funcionario actuante, Cuerpo al que pertenece. Si la actuación se realizase por más de un funcionario, incluyendo a los técnicos habilitados que acompañen al inspector de Trabajo y Seguridad Social, la diligencia se suscribirá por el Inspector que dirija las actuaciones, quien reseñará la identidad de los demás funcionarios que hubieren intervenido.
  • c) Datos de la empresa/centro de trabajo en el que se realiza la actuación inspectora, haciéndose constar, cuando sea posible, la siguiente información: nombre/razón social, NIF, actividad, dirección de correo electrónico y domicilio del centro de trabajo.
  • d) Nombre y apellidos, DNI/NIE, en su caso, de la persona que haya atendido al funcionario actuante en el desarrollo de las actuaciones, cuando haya prestado su colaboración, así como el carácter o representación con que interviene.
  • e) Circunstancias de la colaboración de los representantes de los trabajadores en el desarrollo de las actuaciones, si se hubiese producido.
  • f) Materias o aspectos examinados y demás circunstancias concurrentes.
2. Si en la diligencia se formulara requerimiento de subsanación de deficiencias, éste contendrá las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación, en los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo señalarse el incumplimiento detectado y que la persistencia en los hechos infractores dará lugar a la práctica de la correspondiente acta de infracción por tales hechos, si no la hubiere practicado inicialmente.
3. Si en la diligencia se efectuase requerimiento al sujeto responsable de ingreso de cuotas de Seguridad Social o conceptos de recaudación conjunta, se procederá de acuerdo con la normativa de aplicación.
4. Si el funcionario actuante documentase en dicha diligencia la decisión de paralización o suspensión de trabajos prevista en el artículo 44 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, aquélla contendrá los datos suficientes para la determinación del alcance y condiciones de la paralización decretada, así como los necesarios para el ejercicio del derecho a su impugnación.
5. No será preceptivo que la diligencia contenga referencia a la práctica o no de actas de infracción o liquidación.
Artículo 3 Modelo de diligencia
1. La diligencia se extenderá en el modelo previsto en el anexo a esta orden. Podrán utilizarse los medios electrónicos para su elaboración. Copia de dicha diligencia se remitirá o entregará a la empresa, otra copia de la misma, si procede, a los delegados de prevención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, quedando otra en poder del funcionario actuante, para su posterior archivo.
2. En aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial, el modelo de diligencia se confeccionará en versión bilingüe.
3. En aquellas comunidades autónomas con funciones y servicios traspasados en materia de función pública inspectora, la imagen corporativa del modelo de diligencia será la que se adopte en los órganos de cooperación bilateral correspondientes.
Artículo 4 Remisión a los sujetos inspeccionados
La remisión de un ejemplar de la diligencia a los sujetos inspeccionados podrá realizarse a través de una de las siguientes vías:
  • 1. Mediante remisión a la empresa por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
  • 2. Mediante entrega a la persona que haya atendido al funcionario que realice la actuación inspectora correspondiente. Si se negase a recibirlo, se notificará a la empresa por cualquiera de los medios admitidos en derecho. Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia, o no pudiese o supiese hacerlo, se hará constar así en la misma.
Artículo 5 Obligación de conservación
1. Cada ejemplar de diligencia entregado o remitido a la empresa, deberá ser conservado a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante un plazo de cinco años, a contar desde la fecha de expedición de cada uno de ellos.
2. También deberán conservarse a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los Libros de Visitas así como los modelos de diligencia extendidos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden, por un período de cinco años, a contar desde la fecha de la última diligencia realizada. Durante dicho período, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social conservará las diligencias efectuadas en los Libros de Visitas Electrónicos. Dentro de dicho plazo, las empresas afectadas podrán solicitar copia de las diligencias a ellas referentes.
Artículo 6 Constancia documental de las actuaciones y requerimientos realizados por los técnicos habilitados en el ejercicio de sus funciones de comprobación
1. Los requerimientos de subsanación de los técnicos habilitados realizados en el ejercicio de sus funciones de comprobación, se formularán por escrito conforme a lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y podrán reflejarse mediante el modelo de diligencia previsto en el anexo de esta orden, o a través de un documento oficial sustitutivo, en el que quede constancia de su recepción, y contendrá los datos adecuados a su finalidad y el plazo de subsanación.
2. Las visitas de comprobación de las condiciones materiales y técnicas de seguridad o salud que se realicen sin que den lugar a requerimiento, en su condición de técnicos habilitados, podrán quedar reflejadas en el citado modelo de diligencia.
3. Sin perjuicio de las obligaciones de comunicación de los técnicos habilitados previstas en el artículo 65 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, en los supuestos en que se formulen requerimientos de subsanación por los técnicos habilitados en el modelo de diligencia previsto en esta orden, una copia de tales documentos será remitida a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, para conocimiento.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera Título competencial
El contenido de esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª y 17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, y de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas, respectivamente.
Disposición final segunda Ausencia de incremento de gasto
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público.
Disposición final tercera Entrada en vigor
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO

Modelo de diligencia

sábado, 20 de agosto de 2016

EL TEMARIO DE POLICÍA NACIONAL EN YOUTUBE

TEMA 1.
EL DERECHO.
EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA.
PERSONA EN SENTIDO JURÍDICO.
CAPACIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE OBRAR.
LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.
EL DOMICILIO.
LA VECINDAD CIVIL.
TEMAS 2 Y 3.
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO.
TEMA 4.
LA UNIÓN EUROPEA.
INSTITUCIONES BÁSICAS.
TEMA 5.
EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.
TEMA 9.
LA LEY ORGÁNICA DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
TEMA 10.
CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN ESPAÑA.
TEMA 11.
TEMA 12.
LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL.
TEMA 13.
SEGURIDAD PRIVADA.
TEMA 14.
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS.
TEMA 15.
TEMA 16.
TEMA 17.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
TEMAS 18 Y 19.
TEMA 20.
DERECHOS HUMANOS.
TEMA 21.
GLOBALIZACIÓN.
TEMA 22.
ACTITUDES Y VALORES SOCIALES.
TEMA 23.
TEMA 24.
TEMA 25.
GEOGRAFÍA HUMANA.
TEMA 26.
LA SEGURIDAD.
TEMA 27.
DROGODEPENDENCIAS.
TEMA 28.
EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
TEMA 29.
ORTOGRAFÍA.
TEMA 30.
ORDENADOR.
TEMA 31.
PROCESADOR DE TEXTOS.
TEMA 32.
REDES INFORMÁTICAS.
TEMA 33.
DELITOS INFORMÁTICOS.
TEMA 34.
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIO AMBIENTE.
TEMA 35.
ARMAS DE FUEGO.
TEMA 36 y 37
EL VEHÍCULO PRIORITARIO.
TEMA 38.
PREVENCIÓN DE RIESGOS. SEGURIDAD VIAL.
TEMA 39.
PLANIMETRÍA.
TEMA 40.
TEMA 41.
https://www.youtube.com/watch?v=KHO-y4YOZkk

martes, 2 de agosto de 2016

Entra en vigor la reforma del recurso de casación contencioso-administrativo


El 22 de julio entra en vigor la profunda reforma del recurso de casación contencioso administrativo, introducida por la disposición final tercera de la LO 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta importante modificación, por un lado, amplía el ámbito de resoluciones recurribles en casación pero, por otro, deja al criterio del Tribunal Supremo la apreciación de la existencia del interés casacional requerido para su admisión a trámite.
Estas son, en resumen, las principales novedades incorporadas por esta reforma:


La reforma procesal de 2016

La nueva regulación del recurso de casación, de aplicación a partir del 22 de julio, articula un único recurso cuya finalidad es sentar o unificar doctrina jurisprudencial.
Hasta ahora, el carácter extraordinario del recurso se traducía en una doble limitación de admisibilidad:
- Acotamiento objetivo: estableciendo un número cerrado de (tipo) resoluciones judiciales accesibles a la casación y criterios objetivos, esto es, la cuantía (600.000 euros), y
- Acotamiento subjetivo: estableciendo unos motivos tasados que daban lugar a la casación
Las principales características del mismo son:

1. Ampliación del ámbito objetivo de sentencias recurribles en casación

En primer lugar, se abre el abanico de sentencias recurribles, de manera que en principio podrán acceder a casación con independencia de su cuantía (artículo 86 LJCA):
- Todas las sentencias dictadas tanto en única instancia como en apelación por las Salas de lo contencioso de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.
- y también las sentencias no apelables de los juzgados de lo contencioso (o dictadas en única instancia), en aquellos supuestos que contengan doctrina que se repute gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos, es decir, en los que haya una  reiteración de actuaciones administrativas iguales a la enjuiciada.
Se exceptúan, como hasta ahora, las resoluciones recaídas en procesos relativos al derecho de reunión y los contencioso-electorales, y también se excluyen las sentencias dictadas en única instancia por el TS.

2. Desaparecen los motivos tasados de casación

Por otra parte, desaparecen los concretos motivos casacionales del actual artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, de manera que el nuevo recurso de casación podrá interponerse contra cualquier infracción del ordenamiento jurídico estatal o europeo, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia.
Se mantiene, eso sí, la necesidad de que se invoque cuestiones de derecho y no de hecho, y que se trate de infracciones de Derecho estatal o comunitario, que hayan sido invocadas, relevantes y determinantes del fallo recurrido.
En caso de vulneración del derecho autonómico, seguirá siendo competente el propio TSJ de la Comunidad Autónoma.

3. Exigencia de "interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia"(art. 88 LJCA)

Para que el recurso sea admitido a trámite la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo tendrá que estimar que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, lo que deberá motivar en el auto de admisión.
El artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción enumera una serie de supuestos indicativos de la existencia de este interés casacional, pero estos no actúan automáticamente sino que precisan que el recurrente los justifique en su escrito.
Dentro del amplio margen que tiene la Sala para apreciar la concurrencia de este interés casacional, podemos distinguir, como señala José Ramón Rodríguez Carbajo, tres supuestos:
1- Un caso de "admisión reglada", que se refiere al supuesto en que la resolución impugnada se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea (art. 88.3 b).
2- Otro supuesto de "admisión cuasi reglada", en el caso de que la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que la Sala estime que esto carece manifiestamente de transcendencia suficiente (art. 88.3 c).
3- y otros supuestos de "admisión discrecional" entre los que encontramos:
- aquellos en los que existe una presunción de concurrencia de interés casacional. Por ejemplo, cuando la resolución hubiese aplicado normas sobre las que no exista jurisprudencia (art. 88.3 a, d y e).
- y por último, aquellos otros supuestos en los que no existe esa presunción (art. 88.2 LJCA) y en los que la inadmisión se efectuará por simple providencia, sin mayor motivación.

4. La importancia del escrito de preparación

En este nuevo recurso de casación, el escrito de preparación cobra una importancia decisiva. Las diferencias más importantes respecto del actual son (art. 89 LJCA):
- Por un lado, se amplía de diez a treinta días el plazo para su presentación.
- Pero por otro se exige un mayor formalismo: la ley recoge los requisitos y manifestaciones que forzosamente debe contener.
- Especialmente, es necesario justificar los supuestos que permitan apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de que la Sala se pronuncie.
- El control sobre el cumplimiento de estos requisitos pasa del Letrado de la Administración de Justicia al juez de instancia, que decide mediante auto motivado.

5.-Extensión máxima de los escritos presentados por medios telemáticos

En cuanto al escrito de interposición del recurso, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado recientemente unas normas que establecen su extensión máxima, formato y  estructura.
Estas normas, que se aplican también al escrito de oposición al recurso, limitan a "50.000 caracteres con espacio" -el equivalente a 25 folios- la extensión de estos escritos.
En cuanto al formato,se deberá utilizar como fuente “Times New Roman” con un tamaño de 12 puntos en el texto  y de 10 puntos en las notas de pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen.
Estas normas, aprobadas por unanimidad el pasado 20 de abril, se justifican con motivo de “la notable ampliación de las resoluciones judiciales que tendrán acceso al recurso de casación, en los términos señalados en el art. 86 de la LJCA” tras la reforma introducida en la misma por la LO 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la LOPJ, y en el “previsible aumento del número de recursos que se presentarán por esta vía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo”, que exigirán “un notable esfuerzo por su parte y la imprescindible colaboración de los profesionales que acudan a este tribunal".
Por ello, tras dicha reforma, el art. 87 LJCA, faculta al alto tribunal determinar "la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación".

6. La sentencia fijará doctrina jurisprudencial

De acuerdo con el principal objetivo de la nueva casación contenciosa, la sentencia que resuelva el recurso fijará la interpretación de las normas estatales o europeas sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo (art. 93 LJCA).
Os invitamos a seguir nuestros próximos videos en el canal de Youtube de Noticias Jurídicas.

7. Se suprimen los recursos de casación en interés de ley y para unificación de doctrina

La LO 7/2015 suprime los arts. 96 a 101 LJCA y, con ellos, estas dos modalidades de recursos extraordinarios que coexistían con la "casación ordinaria". El nuevo modelo integra los elementos fundamentales de estos otros dos, esto es, su objetivo es interpretar las nuevas normas jurídicas y establecer criterios unificadores de doctrina, como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho.

Normas de derecho transitorio

El mismo día de entrada en vigor de esta reforma, la Sala de Admisión de la Sala Tercera del TS ha hecho pública las normas transitorias que aplicará a la admisión del recurso para las sentencias inicialmente afectadas por el mismo.

Cibercriminalidad en España: Informe 2015

El Ministerio del Interior publica el Informe sobre la Cibercriminalidad en España correspondiente al año 2015. Este estudio persigue, entre otras cuestiones, mostrar la realidad delictiva que envuelve a la ciberdelincuencia desde diferentes perspectivas y ámbitos.
La multiplicidad de los delitos informáticos que conforman el fenómeno de la cibercriminalidad ha ido evolucionando año a año. De este modo, para la elaboración de este informe se ha tomado como referencia la información estadística basada en la delincuencia conocida y registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y distintos Cuerpos de Policía Local), que figura en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), así como aquella procedente del Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC).
El contenido incluye, además de la información estadística desglosada en diferentes apartados (hechos conocidos por categorías delictivas, número de detenciones/imputaciones, distribución territorial de la cibercriminalidad, perfil de la víctima y del responsable, incidentes registrados por el CERTSI, incidentes por comunidad de referencia y por sector estratégico, etc.), una radiografía de la sociedad de la información.
Por consiguiente, a la par de los datos estadísticos recogidos en relación a este fenómeno de la ciberdelincuencia, se introducen datos que indican el uso de las tecnologías por la sociedad española en general y en comparación con otros países de nuestro entorno. Todo ello, en base a estudios y encuestas de opinión realizadas por diferentes organismos, no solo a nivel nacional (INE), sino también europeo (EUROSTAT).
Por otro lado, y desde el punto de vista jurídico, Internet ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de comisión delictiva. La reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (LA LEY 3996/1995) por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, vino a crear, definir y modificar los tipos penales que configuran el ámbito de la cibercriminalidad, como son los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, de daños informáticos, de pornografía infantil, los delitos contra la propiedad intelectual, de terrorismo y los delitos de odio.
Este avance legislativo se ha producido, además de por el surgimiento de nuevas formas delictivas, por la trasposición de la Directiva Europea 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013 (LA LEY 13365/2013), relativa a los ataques contra los sistemas de información, que sustituyó la Decisión Marco 2005/222/JAI (LA LEY 3519/2005) del Consejo y otras normas internacionales.
Por otra parte, dentro de la lucha contra la ciberdelincuencia encontramos diferentes vertientes. Así, dentro del ámbito de la Unión Europea, el pasado 11 de enero de 2013, se puso en marcha el Centro Europeo sobre la cibercriminalidad (EC3). Además, se ha adoptado el Programa Marco de la UE para investigación en innovación "Horizon 2020", y se ha establecido la Agenda Europea de Seguridad (2015-2020).
Finalmente, en el Informe 2015 sobre la Cibercriminalidad en España se hace referencia a la metodología y fuentes de datos empleados para su elaboración, así como notas explicativas sobre los conceptos utilizados a lo largo del mismo.

La derogación de las faltas y la creación de los delitos leves por la LO 1/2015

1. Introducción

El Código Penal en su articulo 10, define el concepto de delito al establecer que “Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley».  Hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, (en adelante LO1/2015) distinguía entre delitos y faltas, y dentro de los primeros entre delitos graves y menos graves, atendiendo a la naturaleza de la pena que llevaban aparejada.
Tras la reforma de la  LO 1/2015 el Código Penal distingue entre delitos graves, delitos menos graves y delitos leves, cuya diferencia continua anclada  en la pena impuesta[1], siendo  su articulo 33 el que contiene la clasificación de las penas a  aplicar a cada tipo delictivo.
El objetivo que se pretende con la reforma operada y los cambios sustanciales en la figura de los delitos leves ocupará las siguientes líneas de nuestro estudio.

2. Razones para la supresión de las faltas y la creación de los delitos leves

De la lectura del preámbulo de la LO 1/2015, se deduce que el objetivo de la ley con la supresión de las faltas, es alcanzar una racionalización del uso de la Administración de Justicia orientado por el principio de intervención mínima, que facilitará una disminución del número de asuntos menores que, en gran parte, pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles; en este sentido, señala el legislador que “una buena parte de los operadores jurídicos viene reclamando la supresión de las infracciones penales constitutivas de falta: por la notoria desproporción que existe entre los bienes jurídicos que protegen y la inversión en tiempo y medios que requiere su enjuiciamiento; pero también por la dudosa necesidad de que conductas carentes en muchos casos de gravedad suficiente, deban ser objeto de un reproche penal”.
Se trata, en definitiva, de una medida que reduce el número de tipos penales leves en el Código Penal con la finalidad de aligerar la carga burocrática que suponían, hasta su entrada en vigor, los juicios de faltas.
“En tal sentido se viene pronunciando la Fiscalía General del Estado, que aboga por que las actuales infracciones consideradas como faltas penales queden al margen del Código Penal por su escasa gravedad. Y también el Consejo General del Poder Judicial, que de forma reciente ha propuesto despenalizar ciertos comportamientos tipificados como faltas penales como medida adecuada para reducir los elevados niveles de litigiosidad, que son especialmente altos en el orden jurisdiccional penal. En nuestro Derecho no existe una diferencia cualitativa entre delitos y faltas. Las diferencias son puramente formales, por el carácter que la ley otorga a una u otra infracción, o cuantitativas en atención al tipo de pena que se les impone. La tipificación de determinadas conductas como faltas penales obedece a simples razones de política criminal, que en el momento actual carecen de suficiente justificación. Y se aprecia una cierta distorsión en la comparativa con el Derecho administrativo sancionador, que en muchos casos ofrece una respuesta sancionadora más contundente que la prevista en el Código Penal para conductas teóricamente más graves. De ahí que la reforma lleve a cabo una supresión definitiva del catálogo de faltas regulado en el Libro III del Código Penal, tipificando como delito leve aquellas infracciones que se estima necesario mantener. La supresión de las infracciones constitutivas de falta introduce coherencia en el sistema sancionador en su conjunto, pues una buena parte de ellas describen conductas sancionadas de forma más grave en el ámbito administrativo; en otras ocasiones, se trata de infracciones que son corregidas de forma más adecuada en otros ámbitos, como las faltas contra las relaciones familiares que tienen una respuesta más apropiada en el Derecho de familia; y, en algunos casos, regulan conductas que, en realidad, son constitutivas de delito o deberían ser reguladas de forma expresa como delito. Y añade que, esta modificación no supone necesariamente una agravación de las conductas ni de las penas actualmente aplicables a las faltas. Algunos comportamientos tipificados hasta ahora como falta desaparecen del Código Penal y se reconducen hacia la vía administrativa o la vía civil, dejando de sancionarse en el ámbito penal”.
Para ello la LO 1/2015 ha modificado los artículos 962 y siguientes de la LECrim que regulaban el antiguo juicio de faltas creando un procedimiento distinto para la tramitación y en enjuiciamiento de los hechos de carácter leve, en los que se mantienen aquellas infracciones merecedoras del suficiente reproche punitivo para poder incluirlas en el catálogo de delitos y que se configuran en su gran mayoría como delitos leves castigados con penas de multa.
Una de las principales aportaciones de la LO 1/2015 es la potestad que atribuye al  Ministerio Fiscal de instar la terminación anticipada del procedimiento por razones de estricta oportunidad, según se desprende del contenido de los artículos 962 y 963.1 de la LECrim que a continuación analizaremos.
3. LOS DELITOS LEVES EN EL CÓDIGO PENAL
A partir de la entrada en vigor de la LO 1/2015 los delitos leves ya no se encuentran bajo una misma rubrica, sino que se encuentran recogidos por el Libro II del CP junto con el resto de delitos, identificándose generalmente con los tipos atenuados de otras conductas delictivas que poseen una pena leve.
Con la actual regulación, a  los delitos leves le son de aplicación algunas de las previsiones del Libro I del CP que no lo eran para las faltas, a saber: los delitos leves prescriben, según el articulo 131.1 CP en un año, a diferencia de las faltas que prescribían a los seis meses; en lo referente a los antecedentes penales, según lo contenido en el articulo 136.1.a) del CP, los delitos leves sí generan antecedentes penales hasta  los seis meses después de extinguida la pena. Se trata de antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia (art. 22.8 CP) y de suspensión de la penas (art. 80.2.1ª del CP), pero sí para la agravación del hurto por habitualidad (articulo 235.1.7º CP) y de la estafa, administración desleal y apropiación indebida por habitualidad (art. 250.1.8º CP); el perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias del agraviado (art. 130.1.5 CP);  en cuanto a la reglas generales para la aplicación de las penas se ha derogado el art. 638 CP,  y solo se preveé la inaplicación a los delitos leves del contenido del art. 66.1 CP sobre las consecuencias penológicas de la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad,al establecer, en su apartado segundo que los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en el citado precepto.
3.1. Ubicación de los delitos leves en el Código Penal

3.1.1. Faltas contra las personas

- La falta de denegación de auxilio a menores abandonados del 618.1 CP y la falta de denegación de asistencia a ancianos y discapacitados del art. 619 CP solo seguirán siendo típicas si resultan subsumibles en los delitos de omisión del deber de socorro del articulo 195 CP, omisión de asistencia profesional sanitaria del art. 196 CP, abandono de menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección del art. 229 CP o abandono temporal de menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección del art. 230 CP; si no fueran típicas pero produjeran resultado lesivo, se considerará el ilícito civil del art. 1902 CC.
- La falta de desobediencia en el cumplimiento de obligaciones de convenio judicial familiar no constitutivo de delito del art. 618.2 CP y la falta de infracción en el régimen de custodia de hijos menores del art. 622 CP solo serán típicas si son subsumibles en los delitos de incumplimiento de obligaciones económicas del art. 227 CP o de desobediencia del art. 556 CP; de lo contrario, deberán desarrollarse a través del procedimiento de ejecución del art. 776 LEC.
- La falta de injuria leve o vejación injusta del art. 620 CP se destipifica salvo que se trate de las personas a las que hace referencia el art. 173.4 CP
- Falta de lesiones con tratamiento médico de menor entidad cometidas por imprudencia grave del art. 621.1 CP, pasan a estar tipificadas como delito menos grave pero no leve  de acuerdo con el vigente art. 152.1 CP.
- La falta de homicidio por imprudencia leve del antiguo articulo 621.2 CP se destipifica y se remite a la tutela jurisdiccional civil .
- La falta de lesiones por imprudencia menos grave o leve del art. 621.3 CP se destipifica, excepto las de especial gravedad subsumibles en el art. 152.2 CP.

3.1.2. Faltas contra el patrimonio

- La falta de hurto de uso de vehículo a motor en cuantía inferior a 400 euros del art. 623.3 CP, pasa a estar tipificada como delito menos grave pero no leve del art. 244.1 CP.
- La falta contra la propiedad intelectual e industrial  en cuantia inferior a 400 euros del art. 623.5 CP, pasa a estar tipificada como delito menos grave del art. 270.2.2 CP y 274.3.2 CP respectivamente.
- La falta del art. 626 CP se destipifica y es sancionada en el orden administrativo según el art. 37.13 de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, como infracción leve, cuando se trate de bienes de dominio público.

3.1.3. Faltas contra los intereses generales

- La falta de abandono de  jeringuillas o instrumentos peligrosos del art. 630 CP se destipifica y es sancionada en el orden administrativo por la LO 4/2015 en su  art. 36.16 como infracción grave.
- La falta de suelta de animales feroces o dañinos en condiciones de causar mar del art. 631.1 CP, se destipifica y es sancionado en el orden administrativo por la LO 4/2015 en su art. 37.16 como infracción leve.

3.1.4. Faltas contra el orden público

- La falta de alteración leve del orden en el juzgado, actos públicos, espectáculos deportivos, culturales o reuniones del art. 633 CP se destipifica con remisión a la jurisdicción civil excepto cuando sea subsumible dentro del art. 556 y ss del CP.
- La falta de desobediencia leve a la autoridad o a sus agentes del art. 635 CP se destipifica y es sancionado en el orden administrativo por la LO 4/2015 en su art. 36.6 como infracción grave.
- La falta de ejercicio de actividades careciendo de seguro obligatorio del art. 636 CP se destipifica y es sancionada por el derecho administrativo.
- La falta de atribución pública de cualidad profesional amparada por el titulo académico que no se posea del art. 637 del CP se convierte en una agravante del art. 403.2.a) del CP.

4. El procedimiento por delitos leves

 
Los delitos leves se sustanciarán conforme al procedimiento previsto en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 962 a 982 LECrim), que se adecúa a la nueva categoría delictiva, manteniendo los juzgados de instrucción (art. 14.1 LECrim) y los juzgados de violencia de género (art. 14.5.d) LECrim)  la competencia para el conocimiento y fallo de estos delitos.
Enuncia el Código Penal como perceptiva la interposición de la  correspondiente denuncia para el inicio del procedimiento para la persecución de algunos delitos leves, estos son:  del Homicidio por imprudencia menos grave (art. 142.2 CP); de las lesiones sin tratamiento médico (art. 147.2 CP); de las lesiones de especial entidad (arts. 149 y 150 CP) causadas por imprudencia menos grave (art. 152.2 CP);  del golpeo o maltrato sin lesión (art. 147.3 CP); de la  amenaza leve del art. 171.7 CP; de la coacción leve del art. 172.3 CP; y  de la injuria o vejación injusta de carácter leve a persona del 173.2 CP, según el art. 173.4 CP.
La LO 1/2015 distingue dentro del Libro VI de la LECrim dos tipos de procedimientos para el enjuiciamiento de este tipo de delitos, en función del tipo delictivo que se trate:                   
a) Para el enjuiciamiento de los delitos contemplados en el articulo 962 y 963 de la LECrim, véase delitos leves de lesiones o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o de injurias, prevé una modalidad de enjuiciamiento rápido que se realiza inmediatamente en el servicio de guardia del Juzgado de instrucción cabiendo la citación policial de las partes.
Recibido el atestado por el Juzgado de Guardia, éste decidirá: 1) el sobreseimiento del proceso, cuando lo solicite el Ministerio Fiscal a la vista de las siguientes circunstancias: a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor, y b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante en su persecución cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado. (art. 963.1.1 LECrim). En este caso comunicará inmediatamente la suspensión del juicio a todos aquellos que hubieran sido citados. ?El sobreseimiento del procedimiento será notificado a los ofendidos por el delito.; o 2) Acordará la inmediata celebración del juicio en el caso de que hayan comparecido las personas citadas o de que, aun no habiendo comparecido alguna de ellas, el juzgado reputare innecesaria su presencia.
Si no pudiera celebrarse en el servicio de guardia (art. 965 de la LECrim): 1.- y el Juzgado considera que no es competente se inhibirá en favor de competente; 2.- Si el juzgado se considera competente, el secretario judicial procederá en todo caso a la celebración del juicio y a las citaciones precedentes para el dia hábil más próximo posible dentro de los predeteminados a tal fin, y en cualquier caso en un plazo no superior a siete días.
b) Para el enjuiciamiento  del resto de delitos leves, (art. 964 de la LECrim) y remitido al Juzgado el atestado por la policía judicial (sin notificación a los interesados) o la denuncia recaída conforme a las normas de reparto o presentación directa ante el Juzgado de guardia, o por inhibición de otro juzgado,  determinará el sobreseimiento, la inhibición o señalará fecha para la vista conforme a lo expuesto en el apartado anterior.
Respecto a la regulación del desarrollo del juicio oral de los delitos leves, esta no varia de la anterior regulación del juicio de faltas (artículos 965 y ss. de la LECrim).

5. Régimen transitorio

La nueva regulación de los delitos leves será de aplicación a los hechos cometidos a partir del 1 de julio de 2015. Si los hechos se cometieren con anterioridad a dicha fecha o son, al momento de la entrada en vigor de la Ley, objeto de un procedimiento penal ya iniciado la Disposición transitoria 4ª de la LO 1/2015 señala que:
1. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, por hechos que resultan tipificados como delitos leves, continuará sustanciándose conforme al procedimiento previsto para el juicio de faltas en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal. Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asimismo dispone la LO 1/2015 que la revisión de los pronunciamientos contenidos en la sentencia podrá hacerse:
1.- Según su Disposición Transitoria 3.ª en el recurso de apelación pudiéndose invocar los preceptos de la nueva ley cuando resulten más favorables.
2.- Según su disposición transitoria 2.ª, de las sentencias firmes cuando contengan penas distintas de la de multa, no ejecutadas y no suspendidas.

6. Conclusiones finales

La principal finalidad del legislador con la supresión de las antiguas faltas y la incorporación de los delitos leves parece ser, por un lado,  la racionalización en el uso de la Administración de justicia, al considerar que el juicio de faltas no cumplía los fines para los que fue concebido, y por otro lado,  revalorizar el principio de reserva penal, a fin que el derecho penal sea el último escalón al que el ciudadano deba acudir para que el sistema jurídico cumpla su finalidad.
Existen dos novedades importantes que efectivamente pueden ayudar a conseguir ese objetivo: la obligatoriedad de la denuncia previa para la iniciación del enjuiciamiento de ciertos delitos leves tal y como hemos visto , y  la potestad que se le confiere al Fiscal para solicitar el sobreseimiento cuando concurran una serie de circunstancias. El tiempo dirá  si dichas novedades generan una disminución de asuntos judiciales, porque apenas se va a cumplir un año desde su entrada en vigor, pero por otro lado en el plano social, la eliminación de alguna de las antiguas faltas generará problemas a medio y largo plazo. Un ejemplo de ello es la desaparición de la falta del art. 618.2 relacionada con el cumplimiento del régimen de visitas. Con la nueva regulación se obliga al progenitor no custodio a acudir al largo y costoso procedimiento de ejecución  de medidas  ante la jurisdicción civil para hacer valer su derecho. Por ello, cierto es  que la reforma  evitará mayor  colapso de los juzgados de instrucción, pero todo parece indicar, que en determinados casos, trasladará esa carga a los juzgados de primera instancia, como hemos visto en el ejemplo meramente ilustrativo de los inconvenientes de la total eliminación de alguna de las faltas del derogad

 
[1] Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 13: “1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave. 3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.”